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Una pequeña parte del nuevo sistema estatal de reciclaje de Oregón se encuentra en pausa, luego de que un juez suspendiera su implementación en respuesta a una demanda presentada por distribuidores de productos.

La Ley de Modernización del Reciclaje y la Contaminación por Plásticos (Plastic Pollution and Recycling Modernization Act, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo establecer estándares de reciclaje a nivel estatal y expandir estos servicios a más comunidades. La ley se financia mediante el cobro de tarifas a empresas que venden productos empacados en Oregón y cuyas ganancias superan los 5 millones de dólares anuales.

El año pasado, la Asociación Nacional de Mayoristas-Distribuidores (NAW, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda contra el Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (DEQ, por sus siglas en inglés). En ella criticó la ley y la decisión del estado de designar una organización sin fines de lucro externa para administrar el sistema de tarifas de reciclaje.

La demanda sigue su curso mientras los legisladores de Oregón evalúan un proyecto de ley que eximiría a los vendedores de bayas, carne, pollo, pescado y mariscos de estos costos de empaque. Diversos grupos industriales expresaron su apoyo al proyecto de ley durante una audiencia pública que tuvo lugar el martes. Allí hicieron un llamado al estado para que pause el sistema de reciclaje para todos los productores, no solo para los distribuidores afectados por la reciente decisión del juez.

En documentos de la corte, el grupo de distribuidores calificó el sistema de reciclaje como un “mecanismo laberíntico y envuelto en secretismo”, que impone costos a empresas que tienen poco control sobre las tarifas que pagan.

Un puñado de estados ha aprobado leyes similares, pero Oregón es el primero en lanzar un sistema de reciclaje y en comenzar a cobrar tarifas a los productores. Los productores (compañías como General Mills, Ikea, Keurig y Dr Pepper), recibieron sus primeras facturas el pasado mes de julio. El grupo de distribuidores presentó la demanda algunas semanas después.

Las tarifas a los productores, calculadas según la cantidad de papel y otros empaques que produce una compañía, están destinadas a financiar los nuevos servicios de reciclaje que exige la ley. Los fondos podrían ayudar, por ejemplo, a que una empresa local de recolección adquiera nuevos camiones y contenedores de reciclaje. Algunos fondos permitirían a los gobiernos locales administrar el programa y educar a la gente sobre cómo reciclar.

Los distribuidores tienen que pagar por cada nuevo empaque que añadan al sistema. Así, un distribuidor que despacha refrescos enlatados a tiendas de comestibles no tendría que pagar por las latas en las que viene el producto, pero sí por los palés (las plataformas de tablas utilizadas para almacenar y transportar mercancías) que utilice para distribuir esos refrescos enlatados y que luego son desechados.

De acuerdo con los documentos presentados por el DEQ ante la corte, las tarifas de reciclaje facturadas a los distribuidores en 2025 representaron menos del 5 por ciento de todas las tarifas cobradas a los productores.

Según Eric Hoplin, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Mayoristas-Distribuidores, aunque son una parte mínima de lo que recauda el estado, esas tarifas de reciclaje fueron más altas de lo que algunos distribuidores podían asumir.

“Operamos con márgenes muy reducidos, así que cuando se introduce una nueva tarifa, de inmediato afecta la rentabilidad de mover productos a través de Oregón”, señaló Hoplin, quien añadió que esas tarifas están “haciendo prohibitivo hacer negocios en el estado de Oregón”.

La asociación empresarial solicitó al juez de la Corte del Distrito que suspendiera la aplicación del nuevo sistema en noviembre, al menos para sus miembros. El juez concedió una medida cautelar el viernes, lo que significa que sus miembros no enfrentarán multas si no pagan la tarifa de reciclaje establecida para los productores antes de que la demanda sea resuelta.

“Los cuestionamientos de fondo planteados por el demandante tienen mérito; existe una posibilidad de daño irreparable y la balanza de perjuicios se inclina claramente a su favor”, escribió el juez federal Michael Simon.

El grupo de distribuidores también está disputando el hecho de que el DEQ delegara el recaudo de las tarifas y la decisión sobre los gastos a la Circular Action Alliance (CAA, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro fundada por grandes corporaciones, entre ellas Amazon, Coca-Cola Company y McDonald’s.

El DEQ supervisa y regula el programa de reciclaje estatal y aprueba la estructura de tarifas que establece la Circular Action Alliance.

Las tarifas se calculan a partir del costo total del sistema de reciclaje; luego, esos costos se dividen entre los productores en función de los tipos y el peso de los empaques que usan para sus productos.

La Asociación Nacional de Mayoristas-Distribuidores dice que el sistema es inconstitucional. En los documentos que entregó a la corte, la asociación argumenta que el DEQ delegó “facultades regulatorias esenciales” y “poderes de gran alcance” a una entidad privada externa.

Funcionarios del DEQ sostienen que la agencia del estado está vigilando apropiadamente a Circular Action Alliance y sus miembros.

“Ellos fijan la tarifa, pero nosotros revisamos y aprobamos la metodología que se usa para determinarla y nos aseguramos de que esa metodología cumpla con los requisitos establecidos por la ley”, afirmó Nicole Portley, quien lidera parte del programa de reciclaje del DEQ.

La asociación de distribuidores también quiere un desglose más claro de cómo se cobraron esas tarifas a los productores en 2025.

Circular Action Alliance no publicó la fórmula detallada que usó para establecer las tarifas de ese año, sino rangos y estimaciones. En sus planes del programa para 2025, la organización no gubernamental calificó la fórmula de secreto comercial, aunque compartió la fórmula con el DEQ.

Larine Urbina, portavoz de Circular Action Alliance, mencionó que la organización sin ánimo de lucro inicialmente mantuvo la fórmula en secreto para evitar que los competidores la copiaran. Sin embargo, la organización hizo pública una fórmula detallada con la que se calcularon las tarifas de 2026.

“En el fondo, se trata de asegurar que el trabajo que estamos haciendo en nombre de los productores no sea aprovechado por otros, que no puedan sacar provecho del tiempo y los recursos invertidos para impulsar sus propios programas”, manifestó Urbina.

El grupo de distribuidores indicó que esta estructura de tarifas fluctuantes hace imposible que las empresas puedan elaborar presupuestos.

News Source : https://www.opb.org/article/2026/03/27/tarifas-de-reciclaje-en-oregon/